Docentes de secundaria denuncian ante el Tribunal Supremo el decreto de especialidades
8 de cada 10 profesores rechazan la agrupación de materias por ámbitos
El pasado 18 de abril entró en vigor el Real Decreto 286/2023, de 18 de abril, por el que se regula la asignación de materias en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato a las especialidades de distintos cuerpos de funcionarios docentes, conocido como el «decreto de especialidades», una disposición que deroga totalmente, en cuanto a especialidades, el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la ESO, el Bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial.
El nuevo decreto de especialidades trae consigo cambios estructurales para el ejercicio de la docencia en secundaria, algunos de los cuales son rechazados y duramente criticados por el profesorado de esta etapa educativa.
Asociaciones de docentes de secundaria impugnan ante el Tribunal Supremo el art. 2.5 del «decreto de especialidades»
De hecho, recientemente la Fundación Episteme, en colaboración con Professors de Secundària (aspepc·sps), la Associació OCRE (Observatori Crític de la Realitat Educativa) y la Associació de Catedràtics d’Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC), ha impugnado ante el Tribunal Supremo el art. 2.5 del «decreto de especialidades».
Según declaran las cuatro organizaciones, «el precepto impugnado obliga a los profesores de una especialidad determinada a impartir otras materias de distintos ámbitos de conocimiento que forman parte del currículo. Más allá de que se trate de una excepción al régimen de las especialidades docentes, lo más grave es que tampoco se exige ningún requisito de titulación o cualificación», subrayan.
La ley obliga a los docentes de secundaria a impartir materias fuera de su especialidad
Así, con este decreto en vigor ahora los docentes especialistas de secundaria pasan a asumir un rol similar al de los «maestros generalistas que pueden impartir cualquier disciplina»; de esta forma, por ejemplo, los docentes de Física y Química podrán ser asignados para impartir, además, Matemáticas, Tecnología, Biología y Geología, o la nueva asignatura de Ciencias Generales que se imparte en bachillerato.
Del mismo modo, en el decreto se deja en manos de la administración autonómica y de la dirección del centro decidir si la asignatura de Historia del Arte la asume el profesorado de Geografía e Historia o de Dibujo, cuando hasta ahora era una asignatura atribuida al Departamento de Geografía e Historia; lo mismo pasa con la asignatura de Artes Escénicas, para la que también podrán elegir si estará a cargo del profesorado de Lengua Castellana y Literatura o del de Música.
Una encuesta revela que más del 80 % del profesorado de secundaria no quiere perder el principio de especialidad
Además de la denuncia que hacen las asociaciones, datos estadísticos muestran el descontento del profesorado de secundaria ante estos cambios: según una encuesta realizada en abril por la Plataforma en Defensa d’una Educació Pública i de Qualitat a docentes de secundaria, la mayoría de los encuestados muestra su rechazo a las nuevas políticas del Departament d’Educació, consideran que «el poder que el Departament ha otorgado a las direcciones impide un funcionamiento democrático de los institutos públicos puesto que las decisiones no son tomadas por el claustro de profesores sino que este solo es informado de las decisiones una vez tomadas». De hecho, el 81,7 % del profesorado de secundaria considera necesario preservar el principio de especialidad, manifestando así su negativa a la agrupación de materias por ámbitos.
Docentes de secundaria advierten de los efectos negativos en la calidad educativa por el nuevo reglamento
A pesar de que se trata de un Real Decreto Ley complicado de impugnar por tener carácter básico y por no infringir ninguna otra ley, las cuatro entidades alzan la voz contra lo que consideran un «disparate pedagógico», y denuncian lo que califican de «ataque gravísimo contra el principio de especialidad»; además señalan que «afecta negativamente la calidad educativa», y no garantiza el derecho a una educación de calidad para todos los escolares en condición de igualdad, puesto que la decisión de impartir ámbitos es potestativa de cada centro.
El precepto impugnado es el punto 5 del art. 2 del Real Decreto, y reza lo siguiente:
2.5. Los ámbitos resultantes de la agrupación de materias en los tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y los propios de los programas de diversificación curricular, así como los de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria dentro de la oferta específica para personas adultas, serán impartidos por personal funcionario de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria de alguna de las especialidades que tengan atribución docente para impartir cualquiera de las materias que se integran en dichos ámbitos.
Tal como explican en su comunicado las entidades denunciantes, «un Real Decreto es una normativa básica estatal situada en la cúspide de la jerarquía normativa, cuyo complicado proceso de tramitación ya da una idea del reto mayúsculo que supone su impugnación».
Por tanto, esta denuncia tiene un largo camino por delante: «En primer lugar, se ha de consultar con las comunidades autónomas; a continuación, se pide el informe de la Comisión Superior de Personal y el dictamen del Consejo Escolar del Estado. En las últimas fases del proceso, el texto requiere de la aprobación de los ministerios de Hacienda y de Función Pública, así como también del Consejo de Estado. Finalmente, pasa por el trámite de deliberación en el Consejo de Ministros».
Fuentes:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-9553
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